Los Tristes y la Ley de la Alegría

No será posible tener transparencia por tener una ley, como tampoco podríamos ser todos felices aunque tuviéramos una ley de la alegría. Falta debate político e integración de intereses sociales y empresariales”.
 
Hemos oído hablar mucho de transparencia en los últimos tiempos debido a los mediáticos casos de corrupción y se ha enarbolado la transparencia como el antídoto a la corrupción, mal endémico no sólo en España sino también en todos los países de nuestro entorno.
 
En particular, señala el CIS  que la corrupción ya ocupa el segundo lugar en las preocupaciones ciudadanas, ahora bien,  el mero hecho de tener una ley de transparencia no va a solucionar los problemas sino que ayudará a su prevención.
 
La transparencia no va a eliminar la corrupción pero sí va a ser una pieza fundamental para controlarla ya que con transparencia la corrupción se puede  llegar a dificultar bastante.
 
Esta mañana de 7 de marzo de 2012 amanece lluviosa en Mérida pero con grandes expectativas para APITEX pues, dentro del orden del día de la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura se incluía el “debate” de la propuesta de ley de Gobierno Abierto de Extremadura formulada, conjuntamente, por el Grupo Parlamentario Popular-Extremadura Unida (PP-EU), el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) y el Grupo Parlamentario Izquierda Unida (IU-Verdes-SIEx).
 
Del dicho al hecho, como casi siempre, un buen trecho. Debate según la Real Academia de la Lengua Española es controversia, discusión, contienda, lucha, combate pero nada de eso se ha visto hoy en el Pleno de la Asamblea.
 
Nuestros representantes políticos se han limitado a afirmar el carácter avanzado de la ley, se han limitado a  felicitarse por sacar adelante esta propuesta de ley por consenso y se han limitado a propugnar  el carácter revolucionario de la ley en dos únicos aspectos:
  • La supresión del silencio administrativo negativo para la solicitudes de información que los ciudadanos formulen.
  • El fomento de la participación ciudadana a través del Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas para fomentar el diálogos sin exclusión, los debates abiertos y el impulso de iniciativas normativas con sólo 2.000 firmas.
Todos reconocen que la sociedad está cada vez más preparada y que tiene a su disposición las nuevas tecnologías, con lo que los ciudadanos son cada vez más exigentes con nuestros políticos y nuestra Administración y, además, todos expresan su deseo en que la sociedad recupere la confianza en sus representantes políticos.
 
Sin embargo, parece que hoy no había nada que debatir, todo está suficientemente confuso y los ciudadanos siguen  sin tener respuesta a sus demandas: 
 
¿Cómo va a garantizar la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura que la Administración no de la callada por respuesta ante las solicitudes de información de los ciudadanos? ¿Se prevé en esa u otra normativa, que nos sabemos cuándo se aprobará, algún régimen sancionador o disciplinario para aquél que incumpla su obligación de facilitar la información solicitada?.
 
¿No podría haberse debatido sobre el amplio margen de discrecionalidad de la ley que establece  un largo listado de excepciones al principio de transparencia que, en la práctica, van a limitar de manera efectiva el acceso a la información?. ¿Vamos a tener que esperar a que los tribunales se pronuncien sobre cuando concurren las excepciones que permitirán denegar, motivadamente, el acceso a la información que se solicite?
 
¿Va a haber presupuesto para implantar la ley y garantizar que los ciudadanos y empresas puedan acceder a datos publicados en formatos compatibles que garanticen el tratamiento automatizado de los mismos?
¿Cuándo vamos a ver los ciudadanos los resultados de la implantación efectiva de la Ley?.

La ausencia de debate revela que las carencias de la “revolucionaria” y “avanzada” Propuesta de Ley de Gobierno Abierto no se han abordado y que la implantación de ley en cuestión, ojalá nos equivoquemos, no va a ser real ni efectiva en mucho tiempo.

Por mucho que se propugne, parece que nuestros representantes no se han concienciado todavía de que  la transparencia  es hoy un valor social y debería ser: 
  • Un derecho absoluto de los ciudadanos, cada vez más informados y preparados, que demandan transparencia en aspectos económicos, sociales, medioambientales y de buen gobierno.  
  • Una obligación absoluta para las instituciones públicas y el sector público, que se hallan al servicio de los ciudadanos.  
  • Un valor que las empresas deberían fomentar e implantar en sus organizaciones como mecanismo para crear valor y ventaja competitiva frente a sus iguales.
Habrá que esperar, por tanto,  al desarrollo reglamentario de la Ley de Gobierno Abierto que se apruebe  o a la aprobación de otras leyes complementarias a ésta para que de verdad se coloque a nuestra Administración Regional en los primeros puestos de las Administraciones Pública Transparentes.
 
Mérida a 7 de Febrero de 2013.

Elena González Lavado
Asesora Jurídica de APITEX, Asociación para la Promoción y el Impulso de la Transparencia en Extremadura.

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